Un juez condena al Ayuntamiento de Alicante a no pagar obras que se empeñó en pagar

MANUEL DOPAZO

Las obras de urbanización exterior del plan parcial de Benalúa-Sur, que están valoradas en más de medio millón de euros, serán costeadas en su totalidad por la empresa urbanizadora, según una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que anula un acuerdo del Ayuntamiento, en el que se asumía el pago del 50 por ciento de estas obras. La resolución es consecuencia del recurso interpuesto por el PSOE, que denunció el "trato de favor" del PP municipal a Prasa, la mercantil urbanizadora. Aunque la sentencia puede ser apelada, resultaría sorprendente que el Ayuntamiento rechazara ahorrarse casi 300.000 euros, ya que el coste de las obras asciende a 587.179 euros, y recurriera contra sus intereses.
La sentencia la suscribe el juez Ricardo Estévez y anula el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 29 de mayo de 2006, que aprobó el proyecto de reparcelación de Benalúa Sur, en el que la edil del PP, Sonia Castedo, proponía que la urbanización externa se pagara al 50 por ciento entre promotora y Ayuntamiento.
La decisión municipal originó una gran polémica y provocó incluso el despido de un técnico municipal contratado, que se negó a modificar su informe, en el que defendía que todos los costes de estas obras debía pagarlos la urbanizadora. El técnico se apoyaba en un acuerdo del pleno municipal de octubre de 1999 y otro de la Conselleria de Territorio, que eximían de pagos al Ayuntamiento.
Frente a esta posición, el gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, llegó a un acuerdo con la promotora por el que el Ayuntamiento asumía el pago del 50 por ciento de las obras, al recordar que otro acuerdo de pleno de enero de 2003 cargaba la totalidad de los costes a las arcas municipales. En su informe, Sanus arremetió contra el técnico al que acusó de "pretender erigirse en intérprete de los intereses municipales". Finalmente, Sonia Castedo, amparada en el informe de Sanus y especialmente en otro del jefe de servicio de organización de Urbanismo, respaldó asumir el pago del 50 por ciento.
El juzgado ahora da la razón al técnico despedido, que posteriormente tuvo que ser readmitido por resolución del Juzgado de lo Social, y al PSOE, y anula el acuerdo municipal. En la sentencia se destaca el convenio urbanístico suscrito por Ayuntamiento y urbanizadora, en el que ésta asume los costes de la urbanización. Así, el juez recalca en su sentencia que "lo que no es admisible es que se pretenda ignorar un convenio urbanístico y actuar como si el mismo nunca se hubiera aprobado", y añade que dicho convenio "tiene fuerza vinculante entre las partes" y "despliega sus efectos mientras no se declare su nulidad".
Manuel de Barros, que interpuso el recurso en 2006 al ser entonces el portavoz socialista, y que se asesoró del letrado Gabriel Echávarri, expresó ayer su satisfacción por la sentencia y destacó que supone un ahorro municipal de casi 300.000 euros. El edil del PSOE ya criticó en mayo de 2006 la decisión municipal y arremetió entonces contra el PP al denunciar que "el técnico despedido ha cometido el gran delito de defender al ciudadano y no plegarse a los dictados de la edil de Urbanismo, pero es que en este Ayuntamiento prevalecen los intereses de las promotoras y urbanizadoras privadas".

Eso es una condena..., sí señor, yo quiero que me condenen a mí a no pagar impuestos....